memoria histórica
Foto de Rosa Palazón. Encuentro Paĩ Tavyterã omboaguera ojoupe teko, agosto 2018.
En esta sección, Memoria histórica, se encuentra una selección de textos publicados por autores nacionales y extranjeros que nos aproximan al Pueblo Paĩ Tavyterã y nos ofrece una lectura sincera de la realidad en la que se encuentra inmersa, por medio de una selección de contenidos hecha por Lea Schwartzman, que no solo proporciona datos históricos, sino también atiende aspectos resaltantes de la compleja realidad actual en su territorio ancestral.
I. TERRITORIO
PAĨ TAVYTERÃ
El pueblo Paĩ Tavyterã, o Kaiowá en Brasil, forma parte de la hoy conocida gran Nación Guaraní, junto con los pueblos Mbya, Aché, Avá o Ñandéva, y los pueblos guaraní de la cuenca del Chaco.
Los paĩ tavyterã mantienen la noción de su propio territorio tradicional que se extiende al norte hasta los ríos Apa y Dourados y al sur hasta la sierra de Mbarakaju y los afluentes del río Jejui. Su extensión este-oeste va unos 100 km a ambos lados de la cordillera de Amambay. Los afluentes de los ríos Apa, Aquidabán, Ypane, Arroyo Guasu, Aguaray e Itanarã del lado paraguayo y los ríos Dorados, Amambái e Ygatimi del lado brasileño, pasan por el territorio tradicional de los paĩ. Unos 40.000 km². (Ver Melià, Grünberg y Grünberg, 1976:217).
Los paĩ tavyterã reconocen tres subgrupos: Los yvypytegua en las cabeceras del río Ypané; los mberyvogua en las cabeceras del río Aquidabán; y los yvypopygua al sur del Arroyo Guasu (Y Ete). Los Yvypytegua indican como sus “mojones” hacia el oeste a los Cerros Memby y Cerro Akangue. Esta región fue, sin embargo, prácticamente abandonada durante la invasión mbaja y repoblada parcialmente por los yvypopygua en las primeras décadas del Siglo XX. (Lehner, 2008)
Podríamos comprender el tekoha guasu como el gran territorio del pueblo paĩ tavyterã o kaiowá, conformado a su vez por diversos tekoha. Se conoce que cada tekoha era una unidad territorial, social y política dentro del tekoha guasu.
1.1. CONTEXTO HISTÓRICO
Como resultado de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), Paraguay pierde 150.000 km² de los cuales 65.000 km² pasaron a ser parte del Estado do Matto Grosso en Brasil, ello dividió el territorio indígena con la creación de una frontera política ajena a su cultura, tradiciones y maneras ancestrales de habitar, circular y hacer uso de sus recursos. (Quiroga y Ayala, 2014:13).
Posterior a la Guerra del 70, se sanciona y promulga la conocida ley del 2 de octubre de 1883, donde el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo, presidido por Bernandino Caballero, a vender tierras públicas. "En momentos en que repuntaba el valor de la propiedad inmobiliaria en el Paraguay y en que comisionistas del capitalismo extranjero visitaban el país y adquirían tierras con praderas para ganadería y con bosques para la explotación forestal y exportación de maderas. (Pastore, 2008).
Con esta oferta, una inmensa extensión de 2.647.727 hectáreas fueron compradas por la Industrial Paraguaya S.A., para la explotación de la yerba mate, que por su extensión y crudeza en el sistema de trabajo llegó a ser la empresa emblemática de la "esclavitud en los yerbales" del Paraguay. (Ver Rivarola, 1993: 56-95).
Esta empresa y otras más entre madereras y yerbateras, como Matte Larangeira, adquirieron tierras rematadas por el Estado que pertenecían al territorio paĩ. El modelo de éstas, a pesar de su carácter explotador, basado principalmente en generar ganancias, pero no precisamente en ocupar las tierras, paradójicamente permitió a los paĩ permanecer en sus bosques y campos tradicionales, sin desalojos ni traslados. (Ver Melià, Grünberg y Grünberg, 1976:183)
En el primer cuarto del siglo XX, algunas pocas comunidades paĩ trabajaban en condiciones semiesclavas para las empresas La Industrial Paraguaya y Mate Larangeira, pero éstas no llegaron a proletarizar a los paĩ. Las comunidades continuaron en posesión real de sus tierras, por lo que hasta finales de los 50 seguían siendo agricultores independientes, con una economía agrícola de autosubsistencia. (Vysokolán, 2010:129)
De hecho, hasta muy entrados los años 1950, la forma predominante de tenencia de la tierra en la región ocupada por los paĩ estuvo constituida por inmensos latifundios ociosos, que en algunos casos llegaban a más de 400.000 ha, y por tierras pertenecientes al Estado, las llamadas tierras fiscales. (Vysokolán, 2010:127)
A partir de la segunda mitad del siglo XX, esta situación cambia radicalmente, afectando sobremanera a la realidad paĩ. «Entre 1880 y 1950 aproximadamente predominó la economía de enclave en el Paraguay, con Carlos Casado y La Industrial Paraguaya como sus más conocidos agentes. Pero aquel tipo de explotación extractiva fue languideciendo a medida que el Estado tomó funciones crecientes en la producción y distribución de bienes, en la regulación del mercado y provisión de servicios que de los esenciales pasó a los subsidiarios y subsiguientemente a los que fueron antes privados. De aquella época son el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Flota Mercante del Estado (FME), Banco Central del Paraguay (BCP), Administración Nacional de Subsistencia cuyo patrimonio pasó luego al Banco del Paraguay, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Teléfonos (ANT, luego ANTÉLCO), Instituto de Reforma Agraria (IRA, luego IBR), Instituto de Previsión Social (IPS) y otras echadas entre 1941 y 1953». (Ver Miranda, 2000)
Tal nuevo contexto nacional y la expansión colonizadora originada en los centros comerciales, financieros e industriales de los grandes estados vecinos de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina y São Paulo, dio inicio al proceso de sustitución de la estructura de la tenencia de la tierra por otra totalmente nueva. Los grandes latifundios fueron parcelados y la totalidad de las tierras del Estado paraguayo compradas, en su gran mayoría con capital de origen brasileño. (Vysokolán, 2010:132)
«Como continuidad de la política expansionista de Brasil, en las décadas del 60 y 70 –durante su dictadura y luego en democracia– se extendió la frontera agrícola sobrepasando su propia frontera política a través del apoyo a colonos brasileros que se instalaron con sus empresas agrícolas ganaderas en territorio paraguayo. La colonización, impulsada repetidas veces luego de la Guerra Grande fue retomada por Stroessner en la llamada “colonización hacia el Este” y con la oferta de tierras a bajo precio en la zonas de fronteras: “los grandes productores sojeros brasileños comenzaron a instalarse en Paraguay desde la década del ‘60, durante la política expansionista de la dictadura militar brasileña, sobre la base ideológica de la Guerra Fría y la doctrina estratégica de las fronteras vivas, y atraídos por el bajo precio de las fértiles tierras fronterizas y las facilidades otorgadas por Stroessner” (Torres González, 2011:5)» (Quiroga y Ayala, 2014:15)
De esta manera, la gran masa de capital nacional y trasnacional se centró en la compra de tierras para la exploración forestal, agrícola y ganadera, lo que se vio favorecido con la promulgación, en 1970 y 1975, de las leyes de fomento de inversión extranjera. El territorio paĩ se abría así al mercado libre y se inicia la enajenación real de sus tierras. (Vysokolán, 2010:133)
En la década del 60, sobrevinieron constantes desalojos violentos, alterando radicalmente los asentamientos tradicionales paĩ con sus formas propias de organización territorial, económica y social que hasta entonces estaban vigentes: sus tekoha y tekoha guasu en el paĩ retã.
En primer lugar, se redujo considerablemente su territorio de caza, que constituía uno de los componentes importantes de su economía de subsistencia. Con ello, se desequilibró rápidamente su régimen de alimentación. En segundo lugar, los frecuentes desalojos llegaron a provocar una ruptura en el ciclo anual de cultivos y cosechas, dando lugar a una economía de fuga: un pequeño rancho construido con hojas de palmas y en sus alrededores algunas pocas plantas de mandioca, maíz y zapallos, cuyo cuidado quedaba frecuentemente en manos de la mujer, mientras el hombre trabajaba como asalariado en las nuevas granjas agrícolas. Todo sin embargo estaba listo para la próxima fuga. (Ver Vysokolán, 2010:139-140)
En este contexto, y durante esos años, aquellas prácticas de la espiritualidad paĩ ligadas al ciclo de cultivos y cosechas, las ceremonias, fiestas sociales y encuentros políticos, que congregaban a centenares de miembros de las distintas comunidades, dejaron de realizarse. En los primeros años de la década del 70, se registraban altos índices de mortalidad infantil y adulta, causada por desnutrición crónica y las conocidas hambres cíclicas, consecuencia de los frecuentes desalojos. La tuberculosis pulmonar se difundió aceleradamente y pasó a contagiar en breve tiempo a la mayoría de sus miembros, causando estragos en la población adulta. (Ver Vysokolán, 2010:139).
Frente a esta crisis de pérdida de territorio, violencia y enfermedad, los paĩ inician un proceso de defensa y protección de las tierras propias que habitaban, y en el año 1972 se articulan con el Proyecto Paĩ Tavyterã, impulsado por la Asociación Indigenista del Paraguay, Misión de Amistad y el Servicio de Cooperación Internacional de Viena-Austria, iniciativa cuyo fin era llevar adelante las gestiones necesarias para la regularización y salvaguarda de las tierras paĩ ante las instancias públicas. Proceso que luego fue reforzado con la ley 904 del año 1981 que introduce en el Derecho Positivo nacional la figura de propiedad comunitaria de las tierras para los pueblos indígenas, y establece que “la adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas se hará en forma gratuita e indivisa.”
De esta manera los paĩ consiguieron asegurar una parte, aunque pequeña, de lo que fuese su vasto territorio, y conformarse en comunidades, una nueva forma de organización territorial, mucho más reducida, en todo sentido, que sus antiguos tekoha y tekoha guasu, pero en gran medida conforme a tierras de dominio ancestral. Según estimaciones, antes de la enajenación real de sus tierras, al menos 20.000 km² de inmenso bosque cerrado eran de ocupación y dominio paĩ, entre los departamentos de Amambay, Concepción y Canindeyú (Ver Vysokolán, 2010:144), de los cuales se redujo a un área de 93.503 ha, unos 935 km². En definitiva, los paĩ tavyterã disponen de apenas el 4,6% de su antiguo territorio, es decir que llegaron a perder el 95,4 % del mismo. (Cálculos según datos del Censo 2012).
CONTEXTO ACTUAL
A mediados del siglo 20 fueron invadidos los territorios de los paĩ tavyterã, de quienes se conoce que vivían organizados en tekoha guasu.
Según el III Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas, 15.484 paĩ tavyterã viven en 61 comunidades; 54 cuentan con personería jurídica, representado el 88,5 % del total, y 7 sin personería jurídica o sin tierras legalmente aseguradas, significando el 11, 5 % de las comunidades. Entre todas, suman una superficie de 93.503 hectáreas, unos 935 km²; principalmente en los departamentos de Amambay y Concepción, y en bastante menor medida en zonas limítrofes de su territorio ancestral en San Pedro y Canindeyú. En el lado del Brasil, la población Kaiowá asciende a 46.000 personas.
Si bien es cierto que no existen muchos datos de la organización socio política y territorial de los paĩ tavyterã, previa a la invasión de sus territorios a mediados del siglo pasado, se conoce que vivían organizados en Tekoha Guasu, conformado por el conjunto de varios tekoha o comunidades, liderados por una figura que congregaba en sí mismo tanto el poder político como el espiritual. Hoy, existen comunidades en las que estos poderes ya no se articulan en una misma persona.
En la actualidad, la comunidad paĩ es un ente jurídico autónomo con personería jurídica y titulo de propiedad sobre un territorio comunitario (Ley 904/81) cuyo autogobierno, según el paĩ reko es garantizado por la Constitución Nacional. La forma jurídica de "Comunidad" y la propiedad comunitaria legalmente reconocida permiten a los paĩ mantener, dentro del espacio jurídico y geográfico de la comunidad, el sistema social, legal, religioso, político y económico propio, sin que tenga que tener la interferencia de las autoridades nacionales. El derecho de autogobernarse según sus tradiciones, es legalmente y -gracias a la firmeza de los paĩ- de facto, reconocido por la sociedad nacional. El tekoha paĩ tiene como organización sociopolítica la unión de varios grupos locales bajo el liderazgo de un tekoaruvicha (líder espiritual) y un mboruvicha (líder político) que gobierna con el consenso del aty guasu (asamblea general). (B. Melia, G. y F. Grunberg 2008: 91-98).
En el actual territorio que habitan, de dominio tradicional y legal, se encuentra una variedad de ecosistemas conservados por ellos, con formaciones vegetales y especies de flora y de fauna propias del lugar. Allí las familias mantienen prácticas agroecológicas y de cuidados ambientales, con conocimientos y espiritualidad ancestrales.
En lo económico, prácticamente todas las comunidades tienen ahora una economía mixta, entre cultivos tradicionales, animales y trabajos de changa con pagos informales, principalmente como peones de estancias los hombres y como empleadas domésticas o lavanderas las mujeres.
Como pueblo, son portadores de una antigua y resistente espiritualidad, sostenida desde los primeros tiempos. La espiritualidad es en relación con el territorio, la tierra y los astros; de allí un vínculo estrecho entre personas y deidades. Los cultivos, las cosechas, la alimentación, la selva y el tiempo tienen un trasfondo espiritual. Sus territorios naturales son espacios sagrados.
Territorio en peligro
Las comunidades del territorio paĩ tavyterã se encuentran en un contexto de sumo peligro y violencias, de impunidades y vulnerabilidades.
Violencia desde las estancias
Rodeadas por estancias dedicadas al monocultivo, la ganadería y el narcotráfico; hoy, las comunidades paĩ tavyterã resisten de los arbitrios de una lógica criminal que les impide acceder y gozar de sus derechos fundamentales. Las violaciones de estos derechos no se dan sino bajo prácticas ejercidas por el propio Estado caracterizadas por la corrupción e impunidad dentro de un contexto nacional y local violento relacionado a los conflictos por la posesión de la tierra y sus recursos. (Quiroga y Ayala, 2014:19).
La violencia desde las estancias, como ya se ha señalado, data desde las décadas de los 60 y 70, cuando acaparan las tierras paĩ empresas ganaderas y sojeras, principalmente con capital de procedencia brasileña, iniciando un proceso de deforestación y transformación del territorio paĩ que irá con los años aumentando; y en la actualidad esta situación se encuentra en su fase más álgida. Las comunidades han quedando cercadas por estancias, escenario que genera constantes conflictos, abusos y atropellos contra la población paĩ. Por un lado, el acceso restringido a zonas donde otrora cazaban y recolectaban generó un patrón de violencia de parte de los estancieros hacia los paĩ. En reiteradas ocasiones, se han denunciado maltratos e inclusive asesinatos a miembros de las comunidades, perpetrados desde las estancias, sean a través de peones o los llamados pistoleros, en la mayoría de los casos aduciendo a supuesto abigeato. La impunidad es la respuesta a estos crímenes; reflejando una crítica situación de desamparo ante las instancias de acceso a la justicia.
"(…) hicimos nuestras organizaciones y comenzamos a apoyar a los líderes y desde ahí nos persiguen. A mí también me persiguieron. Los estancieros contratan pistoleros, nos amenazaron, nos matan y vamos a la fiscalía y ahí se queda todo”. “Abigeo, de eso nos acusan y desconfían de nosotros, nos torturan, nos mandan a la cárcel, nos matan porque simplemente desconfían de nosotros”. (Representantes de una de las organizaciones durante la Audiencia Pública). (Quiroga y Ayala, 2014:26).
Otra forma de violencia desde las estancias hacia las comunidades, es mediante la invasión de tipos de pastos para el ganado, se trata de especies exóticas de gramíneas como el Pasto Colonial (Pannicum máximum) y de Brachiaria (Brachiaria decumbens), en todo el territorio, tanto en los asentamientos como en los ecosistemas. Esto representa un grave problema ya que dichas gramíneas compiten y desplazan a las plantas autóctonas y funcionan como un elemento propagador de los incendios ya que son plantas de fácil combustión. Estas especies exóticas ingresaron al territorio indígena mediante la diseminación de semillas por avión en las estancias vecinas, o por el viento. Testimonios de referentes paĩ, tekoaruvicha, afirman que a principios de los años ochenta empezó a ocurrir esto y luego se fue propagando sin control; causando en reiteradas veces el incendio de las comunidades paĩ, quemándose las viviendas con todas sus pertenencias, talleres de artesanía, instalaciones comunitarias y espacios ceremoniales. En varias ocasiones, se ha constado, además, que el fuego de los incendios se dirigían desde las estancias, quienes queman sus pasturas para el ciclo de cultivo de la soja.
Además, para estos cultivos, se utilizan agrotóxicos, afectando la salud de los paĩ en las comunidades colindantes. También, para la obtención de agua para sus animales, los ganaderos represan agua de los arroyos, alterando a la estabilidad de los mismos; actividad que está penalizada por el marco jurídico ambiental, y que afectan a las comunidades paĩ tavyterã.
Aún con el aseguramiento jurídico de las tierras paĩ, los estancieros avanzan sobre las mismas impulsado juicios de deslindes, aludiendo a supuestas superposiciones de títulos. Inclusive, siendo un derecho constitucional la posesión ancestral de los paĩ sobre ellas. Entre estos casos, el más destacado es el de la Estancia Ara Roké, qué ocupó irregularmente unas 300 hectáreas del territorio paĩ tavyterã. El caso se judicializó y sigue sin una sentencia definitiva. Estos establecimientos buscan persuadir con medios materiales a los indígenas para obtener ventajas.
Las comunidades habitualmente están ubicadas a varios kilómetros de las rutas de acceso y medios de transporte público. Para llegar a sus comunidades tienen que atravesar, generalmente, algunas estancias en cuyos portones se erigen carteles de No Pasar, No Cazar, No pescar, con los horarios de tránsito y prohibición de paso por lluvia o simplemente un candado. El tránsito, sin embargo, está controlado por algún portonero (encargado de la entrada) o capataz que tiene la llave del candado del portón y la última palabra sobre quiénes pueden pasar. Fuera de ese horario, cualquier persona que traspase la propiedad está a merced de los pistoleros contratados por la estancia. De cualquier manera, desde la ruta hasta las comunidades, los caminos son muy poco transitados por otras personas, lo cual los convierte en poco seguros. En determinadas zonas, esos caminos se convierten en la ruta de la marihuana que sale de las estancias para ser comercializada en otros lugares, por lo que estos horarios son respetados. (Quiroga y Ayala, 2014:30)
Territorio en DISPUTA
Los carteles del crimen organizado brasileños se han instalado en el Paraguay, particularmente en Amambay, donde se encuentran la gran mayoría de las comunidades paĩ.
Mafia y narcotráfico
Amambay es uno de los departamentos del país reconocidos por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como tradicionalmente vinculado al narcotráfico, por la extensión de cultivos de marihuana desde hace varias décadas, e incluso por ser zona de tránsito de cocaína. Además de los cultivos, se habla de laboratorios y aeropuertos clandestinos.
«Paraguay es el segundo productor de marihuana de la región y uno de los lugares donde transitan grandes cantidades de cocaína proveniente de Bolivia, Perú y Colombia y con destino final a Brasil, Estados Unidos y Europa. El negocio es controlado, principalmente, por carteles de Brasil, según describe Antonio Celso dos Santos, delegado en Paraguay de la Policía Federal de Brasil. El negocio comprende el departamento de Amambay aunque también Saltos del Guairá donde se encontrarían células del Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y Amigos dos Amigos (ADA), todos de procedencia brasileña. El PCC opera en la ciudad de Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá, el CV en Capitán Bado, lugar heredado de Fernandinho Beira-Mar, uno de los jefes del cartel; ADA es aparentemente incipiente y nueva en la zona. Dos Santos señala que el “90% de los presos en Pedro Juan son del PCC. Usted comienza a darse cuenta de la existencia de una oficina de la delincuencia organizada de ellos allí. Aquí está la logística de abastecimiento básico. Como una compañía de transporte, tiene una oficina administrativa en San Pablo y la base de distribución, aquí”. (Quiroga y Ayala, 2014:30).»
En los alrededores de las estancias donde se cultiva y transporta droga, las comunidades indígenas viven en riesgo. En este contexto, los indígenas son obligados a cumplir horarios para transitar por los caminos y deben mantenerse en el más absoluto silencio. Los vuelos rasantes de las avionetas que transportan principalmente cocaína son observados por toda la población vecina, la cual debe mantenerse ciega a tal situación (Quiroga y Ayala, 2014:35).
Las consecuencias del narcotráfico en la zona también se dan de manera indirecta. Según contó con mucha preocupación un líder indígena, se les contrata a un grupo de jóvenes, se los deja en el monte para trabajar durante un tiempo y se pone a cargo a uno de ellos, otorgándole armas y bajo la consigna de que puede matar a todo el que sea extraño. El poder que se les da, entendido como poder coercitivo, se reproduce de la misma manera cuando vuelven a su comunidad. (Quiroga y Ayala, 2014:36).
En varias comunidades, las mujeres refirieron que los jóvenes que van a trabajar allí no respetan nada, las niñas deben caminar acompañadas y en general las mujeres deben cuidarse porque son acosadas y violadas en los caminos. La necesidad impulsa a estos jóvenes, hombres y mujeres, a salir a trabajar prontamente. Las comunidades aún no disponen de mecanismos y estrategias suficientes para hacer frente a estos jóvenes que vuelven e imponen una cultura diferente. Hasta el momento, algunas comunidades lograron revertir medianamente esta situación que desintegra a la comunidad lentamente con la cooptación de la juventud por parte del crimen organizado, realizando con más periodicidad sus rituales. Desde hace varios años, se vienen realizando con mayor periodicidad, las fiestas de iniciación, donde los y las jóvenes cumplen una función de mucha importancia y responsabilidad. Allí, según indicaron algunos referentes comunitarios, es donde vuelven a conectarse con su teko, su identidad, y así dejan hábitos, costumbres y formas de relacionarse adquiridos fuera de la comunidad. (Quiroga y Ayala, 2014:36-37).
Territorio ASEDIADO
La presencia de iglesias CRISTIANAS se da de forma agresiva, colocando preceptos evangélicos que desacreditan aquellos propios paĩ.
Intromisión religiosa
En los últimos tiempos, una avanzada de las iglesias evangélicas, principalmente pentecostales provenientes de Brasil, ha ingresado a las comunidades paĩ, generando conflictos y divisiones sustanciales en la estructura social de las comunidades y en parte amenazando la vigencia de la cosmovisión, conocimientos y prácticas de la espiritualidad paĩ.
Las iglesias pentecostales son un movimiento relativamente nuevo que surge en EEUU hacia fines del siglo XIX. Son un fenómeno que crece rápidamente en toda Latinoamérica, África y Asia; en Paraguay especialmente con las carpas y los Tele evangelistas como Jimmy Swaggart entre 1970 y 1990. Al inicio, la mayor parte de pentecostales formaban el Concilio de Iglesias Paraguayas de las Asambleas de Dios. Luego este Concilio se fue desmembrando, y surge de allí el grupo de Abreu, de las iglesias Centro Familiar de Adoración (CFA). Existen otras iglesias pentecostales independientes, como la iglesia de Dios en el Paraguay (Dr. Antonio Montiel), la iglesia Cuadrangular, Comunidades Cristianas del Paraguay, La Alianza Cristiana y Misionera, Las iglesias Filadelfia, y muchas otras1.
La Iglesia Pentecostal es una de las tantas congregaciones evangélicas, pero no son tan bien vistas por las otras iglesias evangélicas por su posición extremista en cuanto a que dicen que reciben el Espíritu Santo en sus ceremonias exacerbadas y hacen supuestas expulsiones de demonios. Sus pastores son considerados manipuladores de la gente con sus prácticas de "exorcismo". Estos pastores, en las comunidades indígenas, referencian todo aquello que pertenece al mundo simbólico propio del pueblo como diabólico, incitando desde la coerción psicológica a que las prácticas y creencias tradicionales sean abandonadas y a cambio se conviertan en cristianos pentecostales, según los dogmas del evangelio.
En paralelo a la amenaza territorial, que las comunidades paĩ enfrentan a cotidiano, estas intromisiones religiosas cumplen una función secesionista, atentando contra la cohesión comunitaria, crucial en tiempos de resistencias como los actuales.
1 Extraído de Wolfgang Streich (https://www.monografias.com/trabajos109/religiones-paraguay/religiones-paraguay.shtml#iglesiaspa).
Territorio INSEGURO
desapariciones forzosas DE MUJERES, se presumen podrían darse en el marco de un sistema de trata de personas que opera en las zonas fronterizas del país.
Abusos, violaciones y
desapariciones de mujeres
El narcotráfico se vincula a otras actividades delictivas como la trata de personas. Se ha vuelto recurrente que mujeres paĩ desaparezcan en los caminos o cuando van a trabajar a las estancias o cultivos. Estas desapariciones forzosas, se presumen podrían darse en el marco de un sistema de trata de personas que opera en las zonas fronterizas del país. También, podrían ser mujeres que luego de violadas son asesinadas y desaparecidas.
Tanto el narcotráfico como las estancias con sus pistoleros, ambos sectores muchas veces vinculados en los negocios, generan una cultura de la violencia, caracterizada por la prepotencia, la arrogancia, y el uso de las armas que dan el poder de matar ante cualquier conflicto, incluso cualquier disgusto. Este código y patrón conductual que es totalmente externo y antagónico al modo de ser paĩ, ha logrado permear en las comunidades, debido a que casi la totalidad de los jóvenes van a trabajar a las estancias o a los cultivos ilegales en el monte, donde se emplean tanto a indígenas como no indígenas quienes conviven prolongadas temporadas en campamentos precarios y aislados hasta que termine el trabajo.
Según testimonios de mujeres paĩ, en el marco de la investigación realizada por la organización Tierraviva Violencia e Impunidad hacia el pueblo Paĩ Tavyterã-Kaiowá, ellas ya no pueden andar libremente por los caminos, que a sus hijas las llevan y las traen porque los jóvenes que van a trabajar en los cultivos en el monte, cuando vuelven ya no las respetan. En estos contextos, las mujeres pueden ser fácilmente violentadas sexualmente.
También, las mismas mujeres están empezando a trabajar en los cultivos en el monte. En principio, se van a trabajar como cocineras del campamento, pero luego son explotadas sexualmente. “Los patrones ahora están llevando mujeres para trabajar en los cultivos […] que por la pobreza en la que vivimos no tenemos otra opción”. (Lideresa durante reunión con las tres organizaciones, diciembre 2013). (Quiroga y Ayala, 2014:36-40).
Entre los 26 casos de asesinatos que registró la citada investigación, se encuentran el de una mujer de 15 años, casada con hijos, que fue asesinada junto con su marido, por unos pistoleros que les dispararon, cerca de la comunidad, cuando volvían de un almacén. En la comunidad desconocen el motivo. En el año 2013, una mujer de 22 años, casada con hijos y embarazada fue encontrada muerta, luego de varios días de desaparecida, con pinchazos en todo el cuerpo, entre unos matorrales cerca de un camino.